En una sociedad más mecánica que racional las palabras vienen y van y muy pocos se detienen, en esta prisa postmoderna, a analizarlas. Producto de esto hay términos desacreditados. Desobediencia civil es uno de ellos. La percepción dista mucho de su significado.
Henry David Thoreau, en 1846, se negó a pagar impuestos al gobierno estadounidense en oposición a la guerra contra México y la esclavitud en Estados Unidos. Fue encarcelado y escribió el tratado “La desobediencia civil”, que define como “el derecho a negarse a la obediencia y poner resistencia al gobierno cuando éste es tirano o su ineficiencia es mayor e insoportable”.
Agrega que ante la existencia de leyes injustas impuestas por gobiernos que no gobiernan de forma justa, los ciudadanos justos están en el deber y en el derecho de incumplirlas.
Hannah Arendt, filósofa política, explicó que la desobediencia civil implica una quiebra consciente de la legalidad vigente, no con la finalidad de incumplir a modo personal un deber general, sino de suplantar la norma transgredida por otra que es postulada como más acorde con los intereses generales.
El filósofo Hugo A. Bedau explicó que la desobediencia civil recoge aquellas formas de insumisión que, no obstante ilícitas, guardan lealtad constitucional.
A pesar de la conceptualización, los mitos en torno a la desobediencia civil abundan. Muchos creen que es una práctica egoísta y violenta. Bedau sostiene: Alguien comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, sus actos son públicos, no violentos, conscientes, realizados con la intención de frustrar leyes, programas o decisiones de gobiernos, porque se entienden injustos.
Sin embargo, en una sociedad mecánica, que busca que los ciudadanos obedezcan porque sí, la práctica de la desobediencia civil ha sido desacreditada a tal punto que el pueblo rehúye de ella, le teme, renuncia a este derecho y de generación en generación se van traspasando un único mensaje: “La ley es inviolable” y “Debemos cumplir la ley”, pero ¿Cumplen las autoridades la ley? O ¿Qué hacer si los que elegidos para cumplir la ley son los primeros en violarla?
El espíritu de las leyes dominicanas debe ser el cumplimiento de la voluntad popular y no sólo la protección de la inversión extranjera. Y si nos abocamos al espíritu de las leyes tomémosla en cuenta también para las legislaciones de combate a la corrupción y la impunidad y recordémosla para la imposición de la modificación del Código Laboral que se avecina. De lo contrario no hablemos de democracia, sino de plutocracia y cleptocracia.
