Familiares del arquitecto Juan Carlos Zamora Vázquez, preso actualmente en Moca por presunta violación sexual, reiteraron que su pariente fue condenado injusta y arbitrariamente a 5 años de prisión el pasado 15 de enero por los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, porque no valoraron las pruebas oficiales que reposan en el expediente.
La madre del imputado, Inés Vásquez y su hermana Berenice Zamora Vázquez, basan su afirmación en que dichos jueces desconocieron totalmente el certificado médico expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), marcado con el número 0045-2012, y expedido por la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar, Abuso y Violación Sexual de Bonao.
Sostienen que ese examen lo ordenó la Fiscal mediante oficio número 0045-2112 del seis de febrero pasado y el mismo dice textualmente “revisión física del menor, cuyo examen sexológico forense no arroja datos a nivel del ano contra natura, o sea relaciones sexuales con penetración anal”, precisaron.
El arquitecto Zamora Vásquez está acusado por su ex esposa Wendoli Mariloly Ortíz de presunta violación de agresión sexual contra un hijo de 7 años que procreó con él, sustentando la acusación en base a un examen que le hicieran al menor en una clínica el doctor Jorge Cristóbal Ortíz, pero que nunca presentó una certificación avalando dicho diagnóstico, según se hace constar en el expediente.
Pero los jueces de Bonao le atribuyeron una connotación a la denuncia de Mariloly Ortiz que no tenía, al otorgarle absoluta credibilidad, llegando incluso a darle a esos testimonio un valor probatorio por encima del certificado oficial del médico legista de Unacif, precisaron ambas damas.
Ahora Zamora Vásquez tendrá un nuevo juicio el próximo 3 de septiembre en La Vega, porque el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, cuando vino a esta ciudad a dejar inaugurada la oficina de esa dependencia en marzo pasado, le prometió a la madre del imputado investigar el caso, después que esta se lo solicitara.
Los abogados del imputado basaron nuevamente la apelación (la cual fue negada anteriormente por esos mismos jueces) en el artículo 417 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, los cuales expresan: a) la falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral y b) el quebrantamiento y omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión, expresaron.
Recientemente representativos de la comunidad aquí se mostraron complacidos con el nuevo juicio y precisaron en que se haga justicia con un juicio imparcial, y si Zamora Vásquez es inocente, que obtenga su libertad inmediatamente; pero si se comprueba la acusación de los hechos, que caiga todo el peso de la ley en su contra. Entre ellos figuran el empresario José Bisonó Cartagena; Darío Abreu, actual presidente de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), doctor Tamayo Tejada y licenciado Marino Ortega Saviñón, presidente de la entidad “Justicia y Verdad”, entre otros.
Hace algunos días, el presidente Danilo Medina opinó que en el país deberá ser implementado algún tipo de mecanismo para mejorar la administración de justicia, ya que, a su juicio, hay serias quejas de la población respecto a la misma.
Asimismo, el magistrado Edgar Hernández Mejía, miembro de la Suprema Corte de Justicia, pidió a los abogados, jueces y fiscales, que pongan en alto los valores éticos para que eviten conflictos innecesarios y sentencias injustas en la administración de justicia, considerando conveniente que los actores del sistema estudien y manejen bien los procedimientos, para evitar suspicacias.
También el doctor Domínguez Brito expresó recientemente “el respeto al imperio de la ley es la garantía para el desarrollo de una democracia y no podemos tolerar que quienes están obligados precisamente al cumplimiento de la misma, sean quienes la violenten”.