La Ley aprobada por la Cámara de Diputados, sobre naturalización de extranjeros indocumentados nacidos en el país, constituye una salida inteligente para resolver la grave crisis generada por las contradicciones de este Gobierno, que pretende ser liberal y progresista, pero está aliado a los sectores más retrógrados de la República Dominicana.
La sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional, de fecha 23 de septiembre pasado, y que se apoyó en un enunciado de la Constitución del 2010, obviando descararadamente otros artículos de ese mismo texto que le dan pleno derecho a los nacidos en el país hasta esa fecha, a los dictámenes de los Organismos Internacionales y a los que han estado amparados por constituciones anteriores, parece sacado de un manual de negociaciones de Harvard.
Ello así porque se han cambiado “las posiciones” por los intereses políticos del momento.
Así, mientras el preámbulo y considerandos de la mencionada Ley confirma en todas sus partes la decisión del Tribunal Constitucional, no obstante la ilegalidad, sus disposiciones concretas, ellas busca resolver de manera expedita tanto la desnacionalización de hijos de extranjeros nacidos en el país hasta el año 2007, con o sin documentos.
Estos dos casos son los más urticantes, porque han producido una ola de protestas dentro y fuera del país.
Pero son en realidad una minoría de los haitianos residentes en el país, para los cuales se ha establecido un Libro de Extranjería que registre los que trabajan o estudian en el país y sus dependientes. Pero el “problema haitiano” es mucho más profundo que el que puede expresarse en términos jurídicos, ya que tiene implicaciones económicas, sociales, psicológicas muy diversas, que no hay espacio para discutir ahora.
Lo importante es que a esa masa de haitianos, y el muchos de ellos sin oficio, o que buscan empleo, tiene que buscársele soluciones concretas que, respetando sus derechos fundamentales, no ahoguen la economía y el empleo de los dominicanos.
En primer lugar deben desaparecer los “ghettos” que son los antiguos bateyes, y barrios de exclusivo uso de esa población. Ello debe hacerse inculcando el idioma español y la cultura dominicana con todos los recursos que el Estado puede proveer. Segundo, debe ser obligatorio para las gobernaciones provinciales y si es posible en los municipio, el registro de todos sus habitantes, dominicanos y extranjeros. De esa manera el Gobierno tendrá un control más efectivo del flujo de su población.
Tercero, aquellos extranjeros que no tengan algunos integrantes de su familia en una actividad económica y social legítima deben ser sacados del país, si es que queremos sobrevivir como pueblo. Cuarto, debe aplicarse la Ley que establece que solo hasta el 20% de los empleados de una empresa pueden ser extranjeros, “sin que las autoridades miren a un lado” como dijo el presidente Medina. Quinto, deben fomentarse a ambos lados de la frontera zonas francas industriales y comerciales, en zonas de interés turístico. Sexto, debe convertirse en delito grave que autoridades civiles o militares colaboren con el tráfico ilegal de indocumentados y perseguir efectivamente a los que transgredan esa norma, sin lo cual todas las medidas anteriores perderían validez.