Bachelet fue presidenta de Chile en el periodo de 2006 a 2010, cuando culminó su mandato fue invitada a convertirse en la cabeza de la Agencia de Naciones Unidas para la Mujer, cargo al que renunció para convertirse nuevamente en candidata a las elecciones presidenciales de este año. La coalición de centro-izquierda que impulsó la candidatura de Bachelet llega con una agenda optimista y ambiciosa que ha prometido reducir la brecha entre ricos y pobres, financiar la educación estatal con impuestos empresariales y proteger el medio ambiente. Una agenda que para poder llevarse a cabo requeriría de un apoyo popular mayoritario y libre de cualquier duda a través de los votos. El porcentaje de chilenos que acudió a las urnas el día de ayer ascendió, según palabras del propio presidente Piñera a 47% quien sin embargo, al igual que la candidata oficialista, reconoció la derrota y la limpieza y transparencia de las elecciones. Esta cifra dista mucho del 56% de votos de la primera vuelta. Sin embargo, en los círculos políticos y académicos chilenos e internacionales el debate sobre la legitimidad de las elecciones y del próximo mandato de Bachelet sigue abierto. La baja participación ciudadana reduce la legitimidad del propio gobierno. Veamos. Si sólo votó el 47% del total de ciudadanos con derecho a votar y Bachelet y su coalición ganaron con el 62% significaría que en realidad sólo contaría con el apoyo en la realidad de menos del 30% de la ciudadanía. Por supuesto en el tipo de democracia electoral que conocemos lo anterior difícilmente eliminaría la posibilidad de ganar en la práctica las elecciones, sin embargo en la práctica las cosas son diferentes. Esta baja participación ciudadana en la segunda vuelta electoral representa un reto para el inicio de la próxima administración pues las reformas constitucionales y la introducción de las políticas necesarias para cumplir con las promesas de campaña requerirían de un apoyo mucho más fuerte que el obtenido finalmente. Por supuesto este debate podría llevarnos a caminos o soluciones diferentes. Una de las opciones más socorridas es establecer la exigencia de un porcentaje mínimo de votos para que la elección específica se considere válida (50% más 1 es la regla general). Otra opción que en distintos sectores consideran viable es el establecimiento constitucional de la obligatoriedad del voto para los ciudadanos, es decir, que éste no sea considerado sólo un derecho sino también un deber legal. La segunda, que distintos académicos y expertos chilenos han comenzado a debatir para reformar la constitución tiene por lo menos un detalle que hace imposible su aplicación. Toda norma que pretenda establecer una obligación para el ciudadanos debe contener, para conseguir su cumplimiento, una sanción que haga imposible la evasión del mismo. Para obligar a un ciudadano a votar tendría que existir la amenaza real y ejecutable de que habrá una sanción en caso de que no se cumpla: una multa económica, la cárcel, etcétera. Por supuesto en nuestra sociedad actual pensar en meter en prisión a un ciudadano por negarse a votar es prácticamente impensable: el ciudadano participa en la creación de la vida pública como un privilegio, amenazarlo por no hacerlo sería un contrasentido. Me decanto por la primera opción pues en la práctica es la que resulta viable y aplicable en la práctica aunque también con sus propios dilemas prácticos como la posibilidad de tener que acudir a una tercera vuelta electoral en caso de no cumplirse los límites mínimos de participación. Por supuesto, la legitimidad se puede dar de facto a través del cumplimiento de promesas de campaña y el apoyo popular a sus propuestas. Chile cuenta además con instituciones como la consulta popular y otros mecanismos de democracia semidirecta que coadyuvan a minimizar las deficiencias de la mera democracia liberal-electoral. El reto para Bachelet no es sencillo, sin embargo, una mujer que al terminar su primer mandato como presidenta lo hizo con más del 80% de aprobación nos habla de alguien que es capaz de superar este y otros muchos retos que se presentarán en su administración.
Solange Márquez Espinoza.