La sentencia 168-13 emitida por el inefable Tribunal Constitucional (TC) lesiona gravemente varios preceptos constitucionales, arrogándose el derecho de negarlos en lugar de armonizarlos, como es su verdadero papel.
El artículo 18, acápite 3, de nuestra Carta Sustantiva del 2010 recién estableció la negación de la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales, para evitar la emigración incontrolada de extranjeros que limita severamente las posibilidades de acceso y condiciones de trabajo de los dominicanos y la propia identidad nacional; pero hay otras disposiciones constitucionales que se pretende ignorar.
1- El acápite 2 del mismo artículo 18, reconoce la nacionalidad dominicana a quienes gocen de ese estatus antes de la entrada en vigencia de esta Constitución, cuando no existía tal disposición.
2- El artículo 26 obliga al país a regirse por los convenios internacionales ratificados por el Estado, incluyendo los derechos humanos y la nacionalidad.
3- El artículo 73 establece la nulidad de los actos de los poderes públicos que contraríen el orden constitucional.
4- El artículo 110 establece claramente el carácter no retroactivo de la ley, porque ésta solo dispone y se aplica para el porvenir, con la única excepción de cuando favorezca a los subjudices, pues “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica de situaciones establecidas conformes con una legislación anterior”.
5- El TC se extralimitó en sus funciones, al tomar decisiones en contra del espíritu y la letra de la Constitución de la República, cuya supremacía consagra su artículo 6.
6- No se pueden violar los derechos adquiridos por muchos nativos del país, de hasta 84 años, en una flagrante violación del artículo 5 que proclama el respeto a la dignidad humana.
Al parecer, lo que se ha pretendido con esta sentencia es crear una reacción “nacionalista” dividiendo los dominicanos entre “patriotas” y “traidores” ajena totalmente a los intereses del país, cuyos efectos ya se están sintiendo, y perjudica precisamente a los pocos miles de descendientes de haitianos que han tratado de asimilarse a la cultura e identidad del país que los vio nacer; mientras campean por sus respetos centenares de miles que cruzan casi libremente la frontera, produciendo pingües beneficios a militares, autoridades migratorias, políticos, productores agrícolas, constructores y contratistas del gobierno.
En cambio, se requieren medidas serias para reducir el real problema planteado, como serían, aplicar controles efectivos en la frontera, desmantelar los “guetos” en los bateyes y sectores urbanos; con una política de dominicanización cultural; obligar a los empleadores a restringir al 20% los extranjeros en sus empresas; hacer que los ayuntamientos lleven registros de sus vecinos con más de tres meses de residencia; fomentar zonas francas industriales y comerciales a cada lado de la frontera y exigir que todos se provean de un documento de identidad dominicano o haitiano, según el caso .
Esa es la política que procede asumir, en lugar de desnaturalizar a los pocos hijos de haitianos que habían resuelto sus problemas migratorios con un comportamiento correcto, tal como lo hicieron Luperón y muchos otros más en su momento. No se puede fusilar civilmente a los ya dominicanizados.
Tirso Mejia Ricart.