En su última reunión (7 de octubre de 2013), un panel de cinco jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han decidido referir el caso de Alda Gross contra Suiza. Se trata de una mujer mayor que desea acabar con su vida sin que sufra de ninguna enfermedad, por lo que no está capacitada para obtener una dosis letal de droga con el fin de cometer un «suicidio asistido».
(HO/InfoCatólica) La Sección Segunda de la Corte, en una controvertida decisión alcanzada por sólo cuatro votos contra tres, decidió el 14 de mayo de 2013 que Suiza violó la vida privada de la mujer. Pero, a raíz de la petición del Gobierno de Suiza, el panel de cinco jueces reconoce que el caso plantea un serio problema legal o un asunto serio de importancia general y por ello ha referido este caso a la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos. La Gran Sala de la Corte, compuesta de 17 jueces, volverá a reexaminar el caso en los próximos meses.
El caso Gross contra Suiza es el más reciente intento de crear un derecho al suicidio asistido bajo la Convención Europea. En un caso muy similar, Hass contra Suiza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011 rechazó por unanimidad la tesis de que el país tiene la obligación de ayudar a las personas a cometer suicidio.
En marzo de 2012, Alliance Defending Freedom intervino en el caso y explicó que «la jurisprudencia clara del Tribunal es que no hay derecho al suicidio asistido o a la eutanasia en la Convención».
El caso Gross contra Suiza es el más reciente intento de crear un derecho al suicidio asistido bajo la Convención Europea. En un caso muy similar, Hass contra Suiza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2011 rechazó por unanimidad la tesis de que el país tiene la obligación de ayudar a las personas a cometer suicidio.
Derecho a la vida, no a la muerte
«El gobierno tiene la obligación de proteger la vida, no de facilitar la muerte», señala el asesor jurídico Paul Coleman. «Las reclamaciones de la autonomía personal no anulan las leyes nacionales destinadas a proteger a los débiles y vulnerables. Confiamos en que la Gran Sala apoye este principio, que es completamente de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos».En marzo de 2012, Alliance Defending Freedom intervino en el caso y explicó que «la jurisprudencia clara del Tribunal es que no hay derecho al suicidio asistido o a la eutanasia en la Convención».