El CDA reclamó del gobierno, no convertir en apátridas a los hijos e hijas de haitianos nacidos en suelo dominicano y suspender la aplicación de cualquier medida que atente contra sus derechos. .
"Esta sentencia niega la ciudanía a las personas nacidas en la República Dominicana por razones de que sus padres, mientras residía de forma permanente en el país, en el momento en que fueron alumbrados, no eran residentes legales", sostiene la filial del CDA.
"Un análisis crítico, revela que esta decisión priva de la ciudadanía a un grupo selecto de personas que en los hechos y circunstancias que por décadas, han conferido la nacionalidad a legiones de otros extranjeros", indica la declaración.
Expresa la entidad que es inaudito, que ahora el TC quiera negarles el derecho a la nacionalidad.
"En concreto, se había establecido previamente la disposición sobre la ciudadanía en 1929, fecha desde la cual, las constituciones dominicanas otorgaban la nacionalidad dominicana a cualquiera que naciera en territorio de la República Dominicana", agrega el CDA.
"Esta decisión, sin embargo, ha creado una nueva excepción, oponiéndose a la concesión de la ciudadanía a los nacidos en el país, si sus padres, que a pasar de haber residido de forma permanente en el mismo, no eran o no son residentes legales al momento de su nacimiento", explica la declaración.
"En la medida en que esta decisión se aplique con carácter retroactivo, su ejecución privará inmediatamente a un número de personas nacidas en la República Dominicana, a los no ciudadanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad dominicana previamente otorgada", expresa.
El CDA dijo que en ese caso, esos dominicanos se convertirán inmediatamente en apátridas y es poco probable que, incluso, si regresan a Haití, se les conceda allí la ciudadanía haitiana.
Critica también que el fallo del TC excluya a las siguientes generaciones de individuos, sobre todo los nacidos en suelo dominicano de padres haitianos de la garantía de su ciudadanía en la República Dominicana.
Califica como anatema y antítesis para el derecho fundamental y el debido proceso que los gobiernos democráticos generalmente conceden a ciudadanos y ciudadanos por igual.
"En consecuencia, el Colegio Dominicano de Abogados y su filial en Estados Unidos, condena con toda la fuerza la decisión del TC e implora al gobierno dominicano a suspender el cumplimiento y adoptar todas las medidas necesarias para impedir el daño que la medida provocará y probablemente ya haya causado", termina diciendo la declaración de los abogados dominicanos organizados en la entidad.
Autor: Miguel Cruz Tejada
