Durante 3 años un fiscal de Chile indagó si los dueños de la minera San Esteban, donde los trabajadores permanecieron enterrados 69 días, podrían ser culpables. Concluyó que no
Crédito foto: EFE
El Ministerio Público determinó que no existían antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, así como a las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época.
El accidente ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó preocupación a nivel mundial. Finalmente, el 13 de octubre de ese año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, durante 25 horas, por medio de la cápsula Fénix 2 que bajó cerca de 700 metros de profundidad.
La resolución fue revelada por el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, quien indicó que se “adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación respecto de los hechos que se habían investigado”, según revela el diario La Tercera de Chile.
Mella agregó que se investigó de oficio las querellas que se habían presentado, que pretendían establecer si había responsabilidades penales tras el accidente. Algunas señalaban que funcionarios públicos habrían dejado de cumplir normativas de seguridad.
La abogada de los dueños de la minera San Esteban, Catherine Lathrop, indicó que "es una causa bien polémica, que el Ministerio Público haya hecho una exhaustiva investigación nos deja conformes”.
Lathrop también destacó: “Nosotros siempre hemos sostenido que si bien los 33 fue un lamentable accidente, (pero) es sólo eso, un accidente, y tampoco se pudo establecer que había alguna responsabilidad de mis clientes en este caso”.
En el tema civil, el Consejo de Defensa del Estado acordó con la empresa, que ésta debía pagar US$5 millones al Estado, por los costos generados a raíz del rescate minero.