En términos de garantías, durante el proceso penal se vulneran de manera casi sistemática los derechos y garantías fundamentales de imputados y víctimas, ya que en lugar de cumplir con la garantía constitucional de juicio previo, se realizan “expedientes previos” atiborrados de engorrosos trámites escritos y formales y la excesiva burocracia atenta contra la publicidad, transparencia y control de los actos que debe primar en cualquier sistema republicano.
Asimismo, en la etapa de ejecución de la pena, el estado de las cárceles es desastroso con una preocupante sobrepoblación en aumento, lo que produce que en los hechos la cárcel no cumpla con su fin resociabilizador, ya que además dentro del propio sistema penitenciario se cometen todo tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos.
A medida que pasan los años, esta situación empeoró. El incremento de casos penales, cada vez más conflictivos, aumentó la carga de trabajo produciendo el colapso de los tribunales penales, que continúan organizados y trabajando de la misma manera que hace 150 años. Un buen ejemplo de esto es la película El secreto de sus ojos, donde sólo tuvieron que cambiar computadoras por máquinas de escribir para recrear la justicia penal de hace más de 30 años.
Estos retrasos conllevan a un resultado alarmante: para casi seis de cada 10 argentinos, la Justicia no resulta confiable en términos de honestidad, trato igualitario y eficiencia. Además, casi un 30% de ellos no acudiría a la Justicia para resolver sus conflictos. Los datos surgen del “Índice de Confianza en la Justicia” realizado por el Fores – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia- y la Universidad Di Tella.
Teniendo en cuenta esto, entiendo que resulta urgente una reforma integral del sistema penal, que partiendo de los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos -tratados, pactos, declaraciones y convenciones- nos permita contar con una administración de justicia moderna que concilie el poder punitivo del Estado con el pleno respeto a las garantías individuales.
En síntesis, se trata de modernizar nuestro sistema de administración de justicia penal para que la Justicia le vuelva a dar la cara al ciudadano, y se organice de la forma más adecuada para resolver sus conflictos de manera rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y respetando los derechos fundamentales.
En la actualidad contamos con un sistema penal antiguo y obsoleto, que no resulta efectivo en términos de persecución penal, ni respetuoso de los derechos de imputados ni víctimas, y que tampoco garantiza el derecho fundamental a la seguridad humana de toda la sociedad.
Para ello se debe aprobar un nuevo Código Procesal Penal que implante un sistema acusatorio que redefina los roles de los jueces, fiscales y defensores poniendo la investigación a cargo del Ministerio Publico Fiscal, dando mayor intervención a la víctima del delito, y al ciudadano para que pueda ver y controlar la labor de los funcionarios judiciales.
A diferencia de lo que sucede hoy en los tribunales, en el nuevo proceso, los magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas por las partes en audiencias públicas y no en el marco de un expediente. Esto es un avance no menor, ya que garantiza de manera efectiva la inmediación entre el juez y las partes, evitando las ausencias y delegación de funciones, la publicidad de los planteos y de las resoluciones judiciales ya que por su carácter de “públicas” cualquier ciudadano o la prensa podrán presenciar estas audiencias.
También es importante que el Código Procesal Penal nos permita contar con procesos especiales para diferentes tipos de delitos. De esta manera poder investigar, perseguir y juzgar de manera distinta delitos cometidos en flagrancia y de baja complejidad probatoria, como un hurto o robo de celular, y complejas estafas económicas o delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Es necesario agilizar el juzgamiento de los delitos y una aplicación rigurosa de las penas de manera rápida y efectiva a quien cometió el delito, destacando así el rol disuasivo de la justicia a modo de prevención general.
Para conseguir fines tan ambiciosos es importante poder formularse objetivos que se puedan medir, analizar y evaluar, con participación de la sociedad civil; para ello resultará útil enumerar algunos de los objetivos más importantes que tendremos que alcanzar con la reforma: reducir los plazos de duración de los procesos, respetar las garantías judiciales de todas las partes, aumentar la eficacia de la persecución penal mejorando sus resultados, dotar de transparencia al sistema procurando evitar y perseguir la corrupción para de este modo hacer aportes en términos de seguridad ciudadana.
Lic. Martin Cesares.
Es abogado, candidato a magíster en Derecho Penal, Becario del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del CEJA, investigador y docente. Integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar.