(Agencias/infoCatólica) El Gobierno de Bolivia, uno de los países americanos con mayores tasas de maltrato hacia la mujer, aprobó en marzo pasado una nueva ley contra la violencia machista que recoge por primera vez el feminicidio como tipo penal y lo castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto.
«Pero consideramos totalmente necesario impulsar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad, marcada por el machismo y la tolerancia al alcoholismo, y poner en marcha mecanismos de prevención, involucrando a la familia, a la comunidad educativa y a toda la sociedad», señala la misiva de los obispos.
La carta alude también a la «dramática realidad de los presos» en Bolivia y aprecia que el Ejecutivo aprobara a finales del año pasado un indulto masivo, tal y como había solicitado la Iglesia, para paliar el hacinamiento en las cárceles del país.
Los obispos piden que se intensifique esta medida, que se agilicen los procesos judiciales y que el Estado intervenga urgentemente «para mejorar las estructuras carcelarias y superar las condiciones inhumanas en las que viven los presos».
En diciembre del año pasado, cuando se aprobó la medida de gracia, había 13.840 internos en los penales bolivianos, casi 3.000 más que un año antes, según datos oficiales.
La Iglesia apeló también a que se supere en Bolivia «la instrumentalización de la justicia por intereses políticos y económicos, que ocasionan tantos sufrimientos a las víctimas».
«Pero consideramos totalmente necesario impulsar un cambio de mentalidad en nuestra sociedad, marcada por el machismo y la tolerancia al alcoholismo, y poner en marcha mecanismos de prevención, involucrando a la familia, a la comunidad educativa y a toda la sociedad», señala la misiva de los obispos.
La carta alude también a la «dramática realidad de los presos» en Bolivia y aprecia que el Ejecutivo aprobara a finales del año pasado un indulto masivo, tal y como había solicitado la Iglesia, para paliar el hacinamiento en las cárceles del país.
Los obispos piden que se intensifique esta medida, que se agilicen los procesos judiciales y que el Estado intervenga urgentemente «para mejorar las estructuras carcelarias y superar las condiciones inhumanas en las que viven los presos».
En diciembre del año pasado, cuando se aprobó la medida de gracia, había 13.840 internos en los penales bolivianos, casi 3.000 más que un año antes, según datos oficiales.
La Iglesia apeló también a que se supere en Bolivia «la instrumentalización de la justicia por intereses políticos y económicos, que ocasionan tantos sufrimientos a las víctimas».