La concreción de la venta de la cadena opositora está prevista para este lunes 15 de abril, un día después de las elecciones presidenciales. Se teme un cambio de línea
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Desde este lunes, el único canal opositor que hay en Venezuela, Globovisión, tendrá un nuevo dueño, y circula un fuerte temor: el posible cambio en la línea editorial que debilite, o incluso silencie, la presencia de las voces críticas al Gobierno en la televisión.
La venta de la mayoría accionaria de la cadena televisiva fue anunciada hace un mes por el directivo Guillermo Zuloaga, que adujo que presiones políticas del Gobierno bolivariano y el cúmulo de juicios y procedimientos administrativos hacían “inviable” al canal.
Juan Domingo Cordero, el comprador, es un economista y empresario ligado al negocio bursátil, bancario y asegurador. Fue presidente de la Bolsa de Valores de Caracas entre 1989 y 1993 y desde 2008 es el principal accionista de Seguros La Vitalicia.
Según algunos trabajadores del canal, Cordero “tendría vínculos directos con sectores del oficialismo” y aseguran que eliminará la línea crítica de Globovisión. El argumento es que la concesión de la cadena finaliza en dos años, por lo que Cordero contaría con un aval gubernamental implícito para renovar el permiso de transmisión.
Otros indican que la directiva saliente les pidió “un voto de confianza” para el comprador y esperan que tanto sus empleos como la línea editorial de Globovisión sobrevivan al cambio de dueños.
“Esta venta traerá una reducción de la diversidad y pluralidad en el conjunto de los medios del país, y además tendrá un efecto silenciador de la crítica en la televisión venezolana”, dijo, no obstante, Carlos Correa, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Espacio Público a la agencia de noticias AFP días atrás.
La venta, que según expertos fue cerrada por unos 80 millones de dólares y se concretará este lunes, comprende el 80% de las acciones del canal, que están en manos de dos familias. El otro 20% de la televisora fue confiscado por el Gobierno hace tres años a su propietario, que sostiene demandas contra el Estado para recuperarlo.