El máximo representante del Ministerio Público dominicano dijo que para enfrentar de manera efectiva los riesgos del lavado, que se estima mueve US$ 500 mil millones por año, derivados de narcóticos, se deben administrar de una manera más justa los recursos, en el sentido de hacer cumplir las leyes y que estas sean social y moralmente justas.
Insistió en que los casos de lavado no son sencillos, por lo que requieren de tiempo, recursos, especialización técnica y cooperación.
“Debemos tratar de que las autoridades y los organismos vinculados al tema, se entiendan, es el inicio para lograr el apoyo efectivo de todos contra un enemigo común. Aunque no hablemos los mismos idiomas, debemos entender las necesidades de cada cual y ayudar a solucionarlas dentro del marco legal existente”, argumentó el máximo representante del Ministerio Público.
Al detallar las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público dominicano contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, aseguró que nunca antes como en los últimos años, se había luchado tanto contra el crimen organizado en el país, lo cual, según dijo, se confirman con las estadísticas.
Declaró que en un esfuerzo por mejorar la efectividad de los trabajos preventivos y de represión, así como generar una sinergia adecuada, la Procuraduría General de la República creó la Mesa de Trabajo Anti-Lavado de Activos, compuesto por la Unidad Anti-Lavado de la Procuraduría General de la República, como organismo coordinador, e integrado por la Unidad de Análisis financiero (UAF), Dirección General de Aduanas, Superintendencia de Bancos, Unidad de Investigación Financiera, DNCD, DGII, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones, y Superintendencia de Seguros
En otro orden, el procurador Domínguez Brito favoreció que se establezcan procedimientos preventivos adecuados en los casinos, casas de juegos, inmobiliarias y joyerías.
Dijo que existen tendencias legislativas antilavado que deberán ser atendidas en el mediano plazo a nivel mundial, entre ellas, incluir en la prevención, supervisión y detección a sujetos obligados no financieros, restringir el uso de efectivo en transacciones comerciales, insistir en una mayor y más efectiva cooperación internacional (intercambio de información entre autoridades competentes, colaboración en investigaciones, congelamiento, confiscación y decomiso de activos ilegales, y en una mayor exigencia en torno a la identificación de personas criminales.
Al concluir su exposición, el magistrado Domínguez Brito resaltó la importancia de la actividad y los esfuerzos de Bancamerica para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, crimen que calificó de especial y sofisticado. “El lavado de activos es básico para las organizaciones criminales, pues si se les anula o limitan los mecanismos a través de los cuales puedan logran sus oscuros objetivos, estaríamos también anulando o limitando sus operaciones delictivas”, puntualizó.
