Por la reunión sostenida en el parqueo de La Sirena en La Vega, y su intervención para que no revisara el vehículo del hombre que acudió a buscarla a ese centro comercial, fue amonestada en agosto pasado.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que con su salario de 60 mil pesos paga 27 mil mensual del vehículo. Sus familiares sostienen que adquirió el carro con un préstamo.
La persecución contra esta profesional miembro del Ministerio Público se ha fundamentado en la grabación de vídeos, intervenciones de llamadas telefónicas y la grabación de voz, modus operandi de la Procuraduría General de la República.
Solís Rosario fue sometida a juicio disciplinario por supuestamente impedir el arresto de un imputado de homicidio y secuestro.
Sus persecutores poseen un vídeo del centro comercial donde se produjo la acción, y entre sus celulares y los señalados como del justiciable hay un registro de más de 300 llamadas.
Las alegadas pruebas fueron presentadas el jueves ante el Consejo Superior del Ministerio Público, quienes se reservaron el fallo.
