Para la comunidad hispana, el uso de la palabra “ilegal” divide a los que están con nosotros y a los que nos atacan. Es una palabra simbólica. Quien la usa para definir a 11 millones de personas sin documentos, no nos conoce bien. No sabe que el tema migratorio es algo personal para nosotros; la mitad de todos los hispanos adultos nacimos fuera de Estados Unidos.
La mayoría de los latinos considera la palabra “ilegal” como un insulto, una afrenta. Preferimos “indocumentado”: es una palabra más precisa y no sugiere – como “ilegal” – que se trata de un criminal.
Es verdad que los indocumentados violaron la ley. Lo hicieron al entrar sin documentos por la frontera o quedarse en Estados Unidos más allá de lo estipulado por sus visas. Pero no son criminales por ello. Rompieron, sí, una ley. Pero también lo hacen los norteamericanos que se benefician de su trabajo y aquellos que los contratan.
Si les llamamos “ilegales” a los indocumentados ¿por qué no les llamamos “ciudadanos ilegales” o “compañías ilegales” a quienes los utilizan y emplean? Los indocumentados están aquí porque les damos trabajo. Si no, no vendrían.
A pesar de lo anterior, todavía hay muchos políticos y medios de comunicación en inglés que utilizan el término “ilegales” para identificar a los indocumentados. Sin embargo, eso ha ido cambiando. Cada vez hay menos periódicos y televisoras que lo usan. Y desde el año 2000, todos los candidatos a la presidencia de ambos partidos han evitado lo más posible el referirse a los indocumentados como “ilegales.” (Nada como usar la palabra “ilegal” para asustar al voto latino.)
Este es un asunto que va más allá de las políticas antiinmigrantes de moda en Estados Unidos.
El Premio Nobel Elie Wiesel, quien sobrevivió a los horrores del Holocausto en su juventud, dijo que “ningún ser humano es ilegal”. De hecho, la historia nos ha enseñado que lo primero que hacen quienes denigran y subestiman es identificar a su víctima como algo inferior. Llamarle a alguien “ilegal” tiene como propósito el marcar la diferencia entre ellos y nosotros. Pero eso va en contra del espíritu de lo que es ser estadounidense. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada en 1776, establece que “todos los hombres (y mujeres) somos creados iguales”. Pero la realidad es que, en el país más poderoso del mundo, hay millones que no son tratados como iguales. Por eso la inmigración es la nueva frontera de los derechos civiles en este país.
La retórica antiinmigrante ha dominado el discurso en torno a la reforma desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando cambió todo. La reforma migratoria que apoyaban los presidentes George W. Bush y el mexicano Vicente Fox pasó a segundo plano. Todo lo que pareciera extranjero se empezó a ver con sospecha y la posibilidad de legalizar a millones de indocumentados perdió el sentido de urgencia. Lo primero era salvar al país ante una amenaza externa. Cuando el tema se retoma antes que Bush entregue la presidencia, ya era demasiado tarde y había perdido el apoyo mayoritario en el Congreso. Las palabras de los enemigos de los inmigrantes se impusieron sobre las de sus aliados.
Al final de cuentas, Estados Unidos – estoy convencido – hará lo correcto y legalizará a millones de indocumentados que tanto contribuyen a la economía, cultura y bienestar del país. Así como Estados Unidos ha sido maravillosamente generoso conmigo, así también espero que lo sea con todos aquellos que llegaron después de mí o sin papeles.
Pero para que eso ocurra, hay que ganar antes la guerra de palabras. Para cambiar las cosas, lo primero que hay que hacer es nombrarlas de una manera distinta. En todo este siglo han ganado el debate los que convirtieron una reforma migratoria con camino a la ciudadanía en “amnistía” y a los indocumentados en “ilegales”.
Nos toca ahora cambiar el lenguaje para, después, cambiar la realidad. Y el primer paso es no utilizar más la palabra “ilegales” para identificar a los indocumentados. Nadie es ilegal.
Por Jorge Ramos.
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