Sentado en un diván pueblerino, calzando botas militares, cabalgando sobre la soberbia del dictador que empezaba a afincarse de manera definitiva en su maldad, Rafael Trujillo dio un zapatazo y gritó, sonando el eco de su voz en la madrugada, para que le llamaran al comandante militar de entonces, general Fausto Caamaño. Quería darle una orden, personalmente. La escena se desarrollaba en el Palacio Consistorial de Dajabón, en donde todavía, hoy, resalta la presencia de aquel edificio construido en madera.
Así dio inicio el fatídico suceso, extendiéndose durante cinco o seis meses, y que los dominicanos cargamos como herencia maldita. Como deuda nunca saldada, pese a las marrullas logradas por Trujillo, con los gobernantes haitianos, tan perversos como él mismo, para tasar en dólares cada cabeza haitiana degollada, o apaleada.
Trujillo no pensó en el número que la violencia desatada por su disposición generaría y agrandaría. Pensaba, más bien, en el éxito electoral que aquella inspección fronteriza que encabezaba le otorgaría para afincarse como el jefe total.
La historia no ha podido determinar con precisión la cantidad de haitianos muertos en aquella horrenda cacería de hombres, mujeres y niños que siguió a la orden de Trujillo. “Los años, las manipulaciones y los silencios cómplices hacen aparecer el hecho distorsionado, ignorándose con exactitud sus dimensiones”, expuse en la introducción de mi libro “La Matanza de los Haitianos. Genocidio de Trujillo, 1937”, al darlo a conocer en su primera edición, en 1983.
Ciertamente, a partir de entonces, los haitianos han ido convirtiendo en realidad indetenible, con gradualidad creciente, en una sentencia demoledora, aquel contenido de su Constitución, nunca bien advertido, de que “la isla es una e indivisible”.
Joaquín Balaguer, aquel canciller bisoño a quien tocó lidiar, en 1937, con aquella matanza que él mismo minimizó, rubricando con su firma que sólo se trató de “incidentes fronterizos”, dictó su propia sentencia: “Los haitianos son un pueblo más homogéneo, racialmente”, por lo que acabarán imponiéndose a los dominicanos. Y lo decía, en busca de sepultar, como al final lo logró, la posibilidad de que José Francisco Peña Gómez llegara a la Presidencia de la República. Siempre lo consideró un “haitiano con perspectivas presidenciales, en la República Dominicana”. Cosas que nunca negó el doctor Peña Gómez, ni su ascendencia haitiana ni su legítimo interés en la Presidencia dominicana.
Aunque el periódico Listín Diario y La Opinión, medios de prensa importantes de la época, silenciaron la noticia, el mundo entero y sus autoridades doblegaron la soberbia y osadía de Trujillo. Y lo estigmatizaron como un bárbaro culpable por aquel acontecimiento. El mundo conoció que los muertos fueron 17 mil, según el mismo Balaguer. O, 18 mil, según Frank Moya Pons, y más de 12 mil, para el historiador haitiano Jean Price Mars. Todos los historiadores dominicanos de la época hablan de más de 10 mil haitianos muertos. El acuerdo entre Trujillo y el presidente haitiano Stenio Vincent, el 31 de enero de 1938, no paró la masacre desatada.
Cuando indagué durante meses para mi trabajo periodístico sobre la matanza, encontré muchos obstáculos para realizar el trabajo. En la Secretaría de Relaciones Exteriores había centinelas funcionarios que daban la vida para que no los removieran de sus puestos en el Departamento de Asuntos Haitianos, sólo para que nadie indagara en papeles allí depositados. Algunos de ellos eran parientes de dueños de fincas ubicadas en la localidad de Restauración, fincas que fueron utilizadas como paredón, durante la matanza.
El licenciado Ramón Lugo Lovatón, “historiador”, llegó a confesar en el prólogo de la obra de Carlos Cornielle, sobre el Proceso Histórico Dominico-Haitiano, que si se le hubiese antojado publicar documentos que él poseía, de carácter militar y civil, se hubiese descorrido el velo de muchas verdades poco conocidas. Lugo Lovatón se llevó sus secretos a la tumba. Pero esos papeles andan por ahí.
por: JUAN MANUEL GARCÍA (jmlgarcia@codetel.net.do)
