Madrid, 20 feb (EFE).- Una familia dominicana consiguió hoy aplazar el desahucio de su vivienda en Madrid, después de que un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) negociase con la comisión judicial un retraso en la ejecución de la medida. Tatiana Roeva, portavoz de dicha plataforma que lucha contra los desahucios de familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, indicó a Efe que el desahucio fue suspendido después de que el abogado Rafael Mayoral alegase "motivos humanitarios" para negociar con la comisión judicial una moratoria de 45 días para que la familia de Ana P. pueda solucionar su problema de vivienda.
"No podemos permitir que otra familia se vaya a la calle", afirmó Roeva al explicar que la vivienda está habitada por una pareja con dos de sus tres hijos, de tres y diez años, y el padre de ella.
El tercer hijo de la pareja, de trece años, vive con su abuela materna en Huesca (norte) "ante la incapacidad de sus padres para ofrecerle sustento", explicó la portavoz.
Según Roeva, la hipoteca para la adquisición de la casa fue firmada por los padres de Ana P., que se separaron y dejaron de hacer frente a la deuda con el banco al quedarse sin empleo.
La nueva titular de la hipoteca, desempleada, al igual que su marido, adeuda al banco unos 230.000 euros, y tuvieron que dejar de pagar al quedarse sin trabajo, señaló la portavoz de la Plataforma.
Según cifras de la PAH, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de familias deudoras en España entre julio y septiembre de 2011 se incrementaron en un 14,2 con respecto al mismo periodo de 2010.
La Plataforma dice en una nota de prensa que se encuentra "desbordada" por la llegada diaria de nuevas familias en riesgo de perder su vivienda por la presión de sus entidades bancarias.
La crisis económica que vive España, que se traduce en una gran destrucción de empleo que ha elevado el paro al 23 por ciento de la población activa, ha incrementado también el número de familias que al perder su puesto de trabajo no pueden hacer frente al pago de la hipoteca que habían firmado con alguna entidad bancaria para la compra de una vivienda.
Muchos de estos afectados son inmigrantes de países latinoamericanos.