La República Dominicana sigue siendo un estado garantista de los derechos constitucionales aún cuando se presenten algunas debilidades institucionales que requieren ser corregidas antes que se agudicen más, pues el país inicia este año con una nueva Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Constitucional y un Tribunal Electoral, lo que implica nuevos desafíos para las autoridades elegidas para dirigir estos cargos, ya que tendrán que tomar las decisiones de lugar para fortalecer las debilidades que generan una percepción en la población de que el sistema judicial se encuentra en decadencia y que el mismo no garantiza la mantención de un clima de paz y seguridad social, sino por el contrario que implica mayor aumento de la corrupción y el desgaste de los derechos humanos. Es por esta tendencia de la población que en lo referente al sector judicial esta nueva administración debe significar un revuelo para que cambie el panorama de este sector de la sociedad cuya relevancia es trascendental para mantener el estado de derecho y el equilibrio de la sociedad, ya que cuando la justicia actúa con transparencia y en apego a la ley es factible garantizar que se castigarán los ilícitos penales y civiles cometidos sea cual sea la condición del infractor. Esto es lo que demanda la actual situación de nuestro país, más que reformas lo que se requiere es aplicación de los Códigos que tenemos, de las leyes y demás disposiciones reglamentarias y para ello es necesario que desde la Suprema Corte de Justicia se promueva la capacitación de los actores judiciales y el saneamiento del sistema judicial para garantizar que el país continúe dirigiendo sus pasos hacia el camino del desarrollo y protegido de la corruptela sembrada por sectores oscuros de la sociedad que con sus prácticas ilícitas corrompen el proceso de desarrollo por el cual nos hemos encarrilado. Este es un año de muchos desafíos que sólo con el esfuerzo y el trabajo serán logrados.
El autor es abogado.