El Estado es responsable de intervenir en la erradicación de la violencia, pero sus integrantes poseen un discurso político que difiere de los hechos, sin embargo hay que admitir que el poder judicial encamina acciones para disminuirla; dados los acuerdos internacionales de los cuales nuestro país es signatario, especialmente en lo referente a la violencia intrafamiliar.
Los demás poderes del Estado no cumplen su rol de propiciar la igualdad en la ciudadanía que derive en un clima de paz, tal es el caso de la obligación del poder ejecutivo en cuanto a la implementación de la ley 87-01 de seguridad social en su totalidad, donde destaca la clara violación al sagrado principio de universalidad, y a la vez no crea estancias infantiles que bien vendrían a generar tranquilidad, especialmente en más del 40% de los hogares dominicanos que son encabezados por madres solteras.
El poder legislativo existe, al parecer para ocuparse y preocuparse en crear leyes, ¡Muchas leyes! Y se olvidan nuestros legisladores que también están allí para representarnos, y muy especialmente para fiscalizar y destituir a aquellos funcionarios públicos violadores de las leyes que nos regulan. ¡No basta con crear las leyes, hay que hacerlas cumplir!
Al carecer en la República Dominicana de un Estado garantista de esos derechos inalienables a todo(a) ciudadano(a) en igualdad de condición tal cual lo establece nuestra Carta Magna, surge la descomposición de nuestra familia tradicional, la cual esta asediada, agredida por el Estado Dominicano, y de ahí se derivan grandes males sociales que a diario ocupan los titulares noticieros.
Espantan los crímenes, especialmente los feminicidios, donde destacan más que el arraigo cultural del sometimiento de la mujer, la desesperación que genera la falta de acceso a los derechos de alimentación, educación y salud; así como la falta de oportunidades.
Nuestra gente actúa por impulso, agobiada por la tremenda cruz que los irresponsables gobiernistas les hacen cargar. ¿Cuál es el destino del crecimiento económico del que tanto alarde hacen? ¿Por qué no se hace una justa distribución de las riquezas? ¿Quiénes las acaparan?
¿De qué revolución en salud nos hablan? Acaso están todos(as) los(as) dominicanos(as) disfrutando de salud financiada con los ingresos del Estado, con esos impuestos que sí nos son cobrados, aplicando injustamente una presión tributaria de hasta un 54% a los más pobres, para luego entretenerles con dádivas, en contra de su dignidad humana, y al llegar a un hospital no tienen acceso al sistema de salud gratuito.
Es imperante la violencia en un país donde las leyes existen pero no nos protegen, donde los gobiernistas nos discriminan, donde se violan nuestros derechos cuando en verdad todas las personas somos iguales ante la ley. Dada la ignorancia del ejecutivo de los reales niveles de corrupción imperante, nos impide el disfrute del respeto a nuestros derechos, lo cual trae consigo impotencia y desesperación que derivan en violencia.
Tal es la desesperación económica ante los escasos y bajos salarios, que obliga a muchos padres de familia a abandonar su responsabilidad en el hogar, quedando la madre con su prole y con la carga a cuesta, que soporta cualesquiera sean sus precariedades, aún cuando tiene en su condición de mujer menos oportunidades de empleos sobre todo en las funciones públicas donde es discriminada.
Nuestros gobernantes, de espalda a los problemas de estas familias, han permitido que lleguen a los barrios armas de fuego en vez de bibliotecas y escuelas para educar. Y han dejado que el narcotráfico sea el generador de fuentes de ingresos en vez de propiciar los micros y pequeñas empresas. Ante los crímenes sufre la madre de la víctima pero también la del victimario, quedando muchas veces los hijos en la orfandad, a merced de la abuela, sin respaldo estatal.
Tras la irresponsabilidad del Estado Dominicano fluye la violencia en el seno del hogar y de la sociedad en sus diferentes manifestaciones: física, económica, psicológica o emocional y demás. Mientras la descomposición social, económica y política se hace cada día más escandalosa en la República Dominicana, destaca la falta de voluntad política para enfrentar este mal que nos carcome cada día mucho más.
Los medios de comunicación permiten hacer visible un registro de crímenes que el Estado parece ignorar al no accionar para erradicarlos. El poder municipal no se ocupa ni siquiera de ejecutar la parte de presupuesto para educación y género, olvidando que para nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, era el primer poder estatal.
Y nuestros legisladores se ocupan de las ramas en vez de ir a las raíces del árbol de la violencia, encaminan ahora un proyecto de ley de feminicidio, como si lo que hace falta es crear una nueva ley para aumentar la pena a quienes asesinen a sus parejas, cuando lo que han de hacer las autoridades es dejar a un lado la complicidad y actuar contra la impunidad. Supongo que también presentaran proyecto de masculinicidio para no caer en el desliz de la inequidad de género. ¡Qué manera de enfrentar la crítica situación de la violencia!
El irresponsable Estado Dominicano propicia una fatal descomposición familiar especialmente en estos tiempos de globalización cuando su obligación es generar una adecuada protección a toda la ciudadanía en torno a la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. Si quienes nos gobiernan no son capaces de accionar para que el Estado cumpla su rol de ser garantista de una sociedad donde se respete la persona humana, nos vemos obligados a cambiar. ¡En el 2012 el pueblo se pronunciará!
La autora es licenciada en auditoria y contabilidad.
Los demás poderes del Estado no cumplen su rol de propiciar la igualdad en la ciudadanía que derive en un clima de paz, tal es el caso de la obligación del poder ejecutivo en cuanto a la implementación de la ley 87-01 de seguridad social en su totalidad, donde destaca la clara violación al sagrado principio de universalidad, y a la vez no crea estancias infantiles que bien vendrían a generar tranquilidad, especialmente en más del 40% de los hogares dominicanos que son encabezados por madres solteras.
El poder legislativo existe, al parecer para ocuparse y preocuparse en crear leyes, ¡Muchas leyes! Y se olvidan nuestros legisladores que también están allí para representarnos, y muy especialmente para fiscalizar y destituir a aquellos funcionarios públicos violadores de las leyes que nos regulan. ¡No basta con crear las leyes, hay que hacerlas cumplir!
Al carecer en la República Dominicana de un Estado garantista de esos derechos inalienables a todo(a) ciudadano(a) en igualdad de condición tal cual lo establece nuestra Carta Magna, surge la descomposición de nuestra familia tradicional, la cual esta asediada, agredida por el Estado Dominicano, y de ahí se derivan grandes males sociales que a diario ocupan los titulares noticieros.
Espantan los crímenes, especialmente los feminicidios, donde destacan más que el arraigo cultural del sometimiento de la mujer, la desesperación que genera la falta de acceso a los derechos de alimentación, educación y salud; así como la falta de oportunidades.
Nuestra gente actúa por impulso, agobiada por la tremenda cruz que los irresponsables gobiernistas les hacen cargar. ¿Cuál es el destino del crecimiento económico del que tanto alarde hacen? ¿Por qué no se hace una justa distribución de las riquezas? ¿Quiénes las acaparan?
¿De qué revolución en salud nos hablan? Acaso están todos(as) los(as) dominicanos(as) disfrutando de salud financiada con los ingresos del Estado, con esos impuestos que sí nos son cobrados, aplicando injustamente una presión tributaria de hasta un 54% a los más pobres, para luego entretenerles con dádivas, en contra de su dignidad humana, y al llegar a un hospital no tienen acceso al sistema de salud gratuito.
Es imperante la violencia en un país donde las leyes existen pero no nos protegen, donde los gobiernistas nos discriminan, donde se violan nuestros derechos cuando en verdad todas las personas somos iguales ante la ley. Dada la ignorancia del ejecutivo de los reales niveles de corrupción imperante, nos impide el disfrute del respeto a nuestros derechos, lo cual trae consigo impotencia y desesperación que derivan en violencia.
Tal es la desesperación económica ante los escasos y bajos salarios, que obliga a muchos padres de familia a abandonar su responsabilidad en el hogar, quedando la madre con su prole y con la carga a cuesta, que soporta cualesquiera sean sus precariedades, aún cuando tiene en su condición de mujer menos oportunidades de empleos sobre todo en las funciones públicas donde es discriminada.
Nuestros gobernantes, de espalda a los problemas de estas familias, han permitido que lleguen a los barrios armas de fuego en vez de bibliotecas y escuelas para educar. Y han dejado que el narcotráfico sea el generador de fuentes de ingresos en vez de propiciar los micros y pequeñas empresas. Ante los crímenes sufre la madre de la víctima pero también la del victimario, quedando muchas veces los hijos en la orfandad, a merced de la abuela, sin respaldo estatal.
Tras la irresponsabilidad del Estado Dominicano fluye la violencia en el seno del hogar y de la sociedad en sus diferentes manifestaciones: física, económica, psicológica o emocional y demás. Mientras la descomposición social, económica y política se hace cada día más escandalosa en la República Dominicana, destaca la falta de voluntad política para enfrentar este mal que nos carcome cada día mucho más.
Los medios de comunicación permiten hacer visible un registro de crímenes que el Estado parece ignorar al no accionar para erradicarlos. El poder municipal no se ocupa ni siquiera de ejecutar la parte de presupuesto para educación y género, olvidando que para nuestro patricio, Juan Pablo Duarte, era el primer poder estatal.
Y nuestros legisladores se ocupan de las ramas en vez de ir a las raíces del árbol de la violencia, encaminan ahora un proyecto de ley de feminicidio, como si lo que hace falta es crear una nueva ley para aumentar la pena a quienes asesinen a sus parejas, cuando lo que han de hacer las autoridades es dejar a un lado la complicidad y actuar contra la impunidad. Supongo que también presentaran proyecto de masculinicidio para no caer en el desliz de la inequidad de género. ¡Qué manera de enfrentar la crítica situación de la violencia!
El irresponsable Estado Dominicano propicia una fatal descomposición familiar especialmente en estos tiempos de globalización cuando su obligación es generar una adecuada protección a toda la ciudadanía en torno a la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez. Si quienes nos gobiernan no son capaces de accionar para que el Estado cumpla su rol de ser garantista de una sociedad donde se respete la persona humana, nos vemos obligados a cambiar. ¡En el 2012 el pueblo se pronunciará!
La autora es licenciada en auditoria y contabilidad.
Ana Josefa.