La proliferación de medios televisivos, de estaciones de Radios, del internet, ha democratizado, al extremo, la proliferación e incursión de individuos y profesionales de diferentes áreas, como comentaristas y opinadores.
Lo lamentable es que no existe ninguna regulación. Y los dueños o administradores de medios solo le interesa Don dinero. Da pena y vergüenza ajena el ver estos especímenes hablando, criticando sin ningún sentido, en vez de caga tinta, son caga palabra….
Son terroristas mediáticos contra honras bien ganadas de funcionarios, empresarios y ciudadanos de todo tipo. Y lo hacen no por convicción, no por posiciones políticas o ideológica, no, lo hacen por intereses personales, grupales, económicos.
Calumnian, difaman e injurian sin que nadie le ponga freno. Los gremios periodísticos no se dan por enterado, solo existen para chercha, a pesar de que los periodistas profesionales, los colegiados son severamente afectados en lo moral y profesional. Muchos de estos últimos han optado por no identificarse como tales en ningún circulo social, porque le avergüenza el decir: “soy periodista”.
Aquí hay que parar este desorden en los medios de comunicación, esta alocada carrera de calumnia, difamación e injuria. Debería establecerse que jefes de redacción, gerentes, propietarios de medios de comunicación y encargados de programas televisivos no gocen de un tratamiento privilegiado que viola el principio de igualdad establecido en la ley, en la constitución.
Aquí se está abusando de la libertad de expresión.
Cuando se ejercen las libertades de expresión e información con los propósitos de injuriar o calumniar, no se informa a los ciudadanos ni se contribuye a la formación de una opinión pública libre, en beneficio de la sociedad, sino todo lo contrario: se proporcionan datos falsos, se desinforma y se afecta a ciudadanos, violándoles sus derechos fundamentales, desnaturalizándose, de esa manera, la libertad de información.
Hay que hacer una distinción, hay que diferenciar la calumnia, difamación e injuria como delitos, de la crítica periodística, aquellas nada tienen que ver con el derecho a libertad de expresión y el derecho a la crítica.
A diario vemos a opinadores que sin desparpajo muestran su propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad a la propia imagen de personas e instituciones, cometiendo un delito que se debe pagar con la cárcel. Y cometen ese abuso amparado en el ejercicio del periodismo o en el ejercicio del derecho y deber de informar.
Y el Colegio Dominicano de Periodistas, bien, gracias.
Si esto sigue así, tarde o temprano habrá una desgracia que lamentar, porque se atenta contra el honor de personas y su intimidad. Nadie tiene derecho acusar a alguien de haber cometido un delito, sin presentar las pruebas, porque entonces se cae en la calumnia.
Y si dice cosas de alguien no presente, que lesionen la dignidad o el buen nombre de la víctima, entonces usted esta difamando. Y la injuria es que alguien ofenda de palabra o con alguna acción a una persona, lesionándole su dignidad o el decoro. Todos son delitos que deben ponerle un stop los dueños de medios de Santiago.
Si los periodistas y comunicadores buscan informar con veracidad y objetividad, el riesgo de injuria o difamación es mínimo.
En Estados Unidos, la penalización económica por esa causa es impresionante, y nadie piensa que no haya libertad de expresión. Y como nos gusta imitarlo tanto, pues imítemelos ahí.
Por ejemplo, en Suecia hay penas de cárcel para la calumnia y nadie se rasga las vestiduras.
En el ejercicio del periodismo, de comunicar y opinar se debe tener responsabilidad.
El que quiere atacar la posición de otro no necesita insultarle, ni mucho menos mentir, difamar, etc. En nuestros medios, incluso abunda la tendencia a no dar derecho de respuesta a insultos o a aseveraciones falsas.