La jueza Sara Henríquez Marín, del Tribunal Contencioso, Administrativo y Tributario, dispuso suspender la aplicación de la Norma 13-2011, de la DGII, hasta que se conozca el 7 de octubre el fondo del recurso de amparo interpuesto por los bancos.
La disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que estaba prevista para implementarse a partir de hoy, 1 de octubre, ordena a las entidades financieras retener un 1% de los intereses que pagan a las personas jurídicas por los intereses de los depósitos e inversiones en instituciones de intermediación financiera.
En la audiencia de ayer, el debate entre las partes fue más intenso que el jueves. Se centró en gran medida en torno a si la disposición de la DGII provocará un daño irreversible o no a la banca. La representación de ese sector fue insistente en resaltarlo. “No es cierto que la Norma 13-2011 haya sido un palo acechao para los bancos, antes de darla a conocer, se sostuvieron reuniones con ese sector y se ofrecieron detalles verbales”, dijo el abogado de la DGII, Jesús Franco. “Pero la institución no publicó en ningún medio, con anterioridad, que aplicaría esa norma”, dijo, de otro lado, Manuel Valerio, de la barra de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA). Su colega Eduardo Jorge Prats, reiteró que las entidades de intermediación financiera se exponen a sanciones por parte de la autoridad financiera y monetaria.
Los abogados de la banca expresaron que habría que ver cuántos impuestos generará la norma para el Estado, porque “aunque es importante que haya ingresos para atender las necesidades, esos impuestos no deben surgir de la ilegalidad”. Jorge Prats advirtió que el negocio de los bancos se basa en la confianza. “La Norma 13-2011 llevará esas entidades a la ilegalidad, al violar su código genético, que es el secreto bancario”, apuntó.
“La DGII busca hacer una redada fiscal”
Eduardo Jorge Prats, al citar los perjuicios que acarrearía la Norma 13-2011, aseguró que Impuestos Internos busca hacer una “redada fiscal” en contra del Código Tributario. “Y desde el punto de vista económico eso produciría la corrida masiva de los depósitos de las personas jurídicas”, apuntó Jorge Prats, defendiendo a rajatabla sus planteamientos.