MIAMI (AP) — La cantante mexicana Paulina Rubio compareció el viernes en audiencia por la demanda que le inició un empresario por presunto incumplimiento de contrato en Colombia.
Rubio, quien se presentó a la diligencia judicial con un retraso de 45 minutos en compañía de su esposo Nicolás Nájera Vallejo y su abogado Omar Ortega, no quiso hacer declaraciones a la prensa.
Por su parte, Nájera aseguró que se trata de un show mediático y descalificó la actuación del demandante Carlos Gutiérrez, representante de CMG Entertainment, de quien aseguró que "lo único que quiere es dinero".
"Es un personajillo que se ha dedicado a atacar muy duramente a mi mujer, mi mujer embarazada. Esto no es ni de hombres, ni de caballeros", dijo, para calificarlo luego con una obscenidad.
Nájera indicó que la negligencia profesional de los organizadores les impidieron llegar a tiempo al concierto y que ellos hicieron todo lo posible para cumplir con la presentación.
"Nosotros estábamos en un avión y no nos dejaron aterrizar", dijo Vallejo. "Todo lo que ha contado es mentira y pues (Paulina) se tiene que defender de una persona que ni siquiera es persona, porque ni siquiera ha respetado ni ha hecho bien su trabajo. Ha hecho todo un show mediático a una mujer embarazada".
CMG Entertainment, una corporación con sede en Miami, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá y la Corporación Cultural Viva la Música demandaron a Rubio en los tribunales del sur de la Florida en noviembre del 2010.
La artista mexicana no se presentó en un concierto en la localidad colombiana de Tunja el 31 de agosto del 2010, que era parte del Festival Internacional de Cultura de Boyacá.
Los demandantes alegan que Rubio incumplió un contrato y piden una indemnización de al menos 985.000 dólares por daños y perjuicios. Ese es el importe que ellos estiman corresponde a los gastos de organización del concierto.
Durante casi cinco horas, Rubio respondió las respuestas de los abogados de ambas partes sobre las razones por las cuales no se presentó en dicho concierto.
Así mismo Nájera, también conocido como 'Colate', desmintió algunas versiones según las cuales Paulina habría hecho un ofrecimiento para llegar a un acuerdo económico con los demandantes.
"Nosotros nunca hemos pensado en llegar a un acuerdo económico con esta gente que lo único que quiere es extorsionar a mi mujer", dijo.
Aseguró que fueron los organizadores del concierto quienes incumplieron con los requerimientos del contrato y no le proporcionaron a Paulina los medios de transporte estipulados para que pudiera asistir a la presentación.
"Paulina y el grupo estaban esperando que la producción del espectáculo proporcionara una avioneta para que la artista pudiera llegar al concierto, lo cual nunca pasó. Tuvimos que contratar y pagar nosotros mismos la avioneta, pero al parecer por razones del clima no nos permitieron aterrizar".
Explicó que tampoco pudieron realizar la movilización por carretera porque Paulina tenía prohibido por parte de su médico viajar por tierra.
Aseguró que él ha hablado personalmente con los funcionarios del gobierno de Tunja, entre ellos el alcalde de la ciudad, para ofrecerles una solución, como realizar una presentación gratis, pero no ha sido posible llegar a ningún acuerdo.
Por su parte, Carlos Gutiérrez rechazó las afirmaciones de Nájera y aseguró que el contrato está firmado y siempre se cumplieron todos los requerimientos.
"En cuatro oportunidades la defensa ha cambiado la versión de los hechos en un afán de dilatar el proceso", dijo Gutiérrez.
Al concluir la audiencia Omar Ortega, abogado de Rubio explicó a The Associated Press que después de esta declaración se realizarán otras audiencias, en una fecha aún por definir a final de septiembre, en las cuales los demandantes presentarán sus testimonios antes de que el juez determine si se inicia un juicio.
La cantante, que lanzará el primer sencillo de su nuevo disco el 13 de septiembre, fue sentenciada el jueves a seis meses de libertad condicional, una multa de 500 dólares y cuatro horas de trabajo comunitario en otro proceso judicial que enfrentaba en los tribunales de Miami al ser acusada de negarse a acatar una orden policial, obstrucción de la justicia y alteración del orden público.