Autor: Rolando Fernández
Por la forma en que son conocidos y manejados determinados expedientes a nivel de los tribunales de la República, todo luce indicar que este país, la aplicación de la justicia tiene fronteras insalvables. Cada vez se producen decisiones en esas instancias, que favorecen a inculpados por la sociedad en general, de delitos diversos, bajo argumentaciones, artificios y subterfugios jurídicos, como de interpretaciones acomodaticias de los articulados contenidos en los textos legales vigentes.
Son tratamientos o sentencias, casi personalizadas podría decirse, que por lógica mueven a suspicacia e indignación, y que están induciendo a muchos ciudadanos afectados, que se sienten burlados por sus victimarios, como los abogados interventores y las autoridades competentes actuantes, a procurar tomarse la justicia por sus propias manos.
Esa es una situación, evidentemente muy delicada, que debe mover a reflexión, tanto a los jueces y fiscales del país, como a los abogados en ejercicio, ya que los posibles vientos retaliatorios podrían llegar hasta sus predios, cuando las actitudes judiciales se consideren injustas y perjudiciales para los demás.
Es una plataforma de eventuales ataques personales, que se ha ido creando durante los últimos años, como consecuencia de esas alegres concesiones en favor de acusados de crímenes horrendos y delitos comunes, sindicados como culpables a todas luces por la sociedad, que logran beneficiarse con sutiles penalidades judiciales, en algunos casos; cuando no es que, se les dejan sin efecto totalmente los cargos imputados, en base al tráfico de influencias, o la compra de sentencias liberatorias.
Como es lógico suponer entonces, siempre quedan las estelas de dudas, inquietantes e indignantes, cuando todos aquellos casos judiciales que evidencian claramente culpabilidad, no son manejados con la profundidad debida. Y por tanto, se van sentando precedentes que lastiman, y que bien podrían acarrear acciones vengativas interpersonales, luego que se den por concluidos al vapor, los procesos en curso.
El último caso matizado con serias dudas, a nivel general - que tiene algunos testigos de vista - según ha trascendido, con encubrimientos, dinero de por medio, como la falta de aplicación de justicia, sobornos a investigadores, etc., es el del nuevo pelotero que se viera envuelto en un hecho catalogado como criminal, en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana.
Una gran parte de la comunidad “puertoplateña”, habitante en los entornos de ocurrencia, le acusó de homicidio voluntario. Sin embargo, ha logrado conseguir su libertad bajo fianza, con el concurso de los abogados defensores. “El fiscal no tiene pruebas para proceder con este caso. Si él quiere seguir con esto, ya será su decisión”. Así lo expresó uno de los juristas actuantes. (Véase periódico Diario Libre, del 4-3-11, página 24).
Ahora bien, independientemente de las interpretaciones acomodadas que se les puedan dar jurídicamente a las estipulaciones relativas, contenidas en Código Procesal Penal nuestro, y específicamente las que se refrieren a la sustentación de las pruebas, el asunto está en que, en los incidentes acaecidos se produjo un muerto y un herido.
Obviamente, la pregunta obligada sería, si ese señor no tiene ninguna responsabilidad criminal, a pesar de la “voz populi” que le señala, entonces, quién o quiénes mataron a la víctima, e hirieron al hermano. ¿Se quedará eso en el aire, al igual que como ha ocurrido con otros casos anteriores? El santito inteligente que se supone, se podrá ir a jugar su pelota, sin problema alguno; y, nada ha pasado, ¿verdad?
Esa son de las cosas que siempre han puesto en tela de juicio a la justicia dominicana, cuando aquí todo el mundo sabe que estos muchachos analfabetos, fantoches y faltos de conciencia en su mayoría, cuando tienen la suerte de conseguir unos cuantos dólares, jugando baseball en los Estados Unidos, regresan al país creyéndose que son dioses. Lo primero que hacen es comprar un arma de fuego, y contratar a un grupo de lambones para que les guarden las espaladas, y les cubran sus fechorías.
No queremos decir que ese sea el caso necesariamente. El bien podría ser inocente de los cargos que se le imputan; pero, eso hay que clarearlo ante la opinión pública, para que las conjeturas no continúen.
Y que tampoco, no se produzcan señalamientos como los que hiciera el señor Víctor Mueses, procurador fiscal adjunto de Puerto Plata: “Es penoso ver cómo nuestra justicia cede ante las presiones de un grupito; de intereses particulares”. Además, “esta decisión de la Corte de Apelación de Puerto Plata sienta un precedente funesto para el estado de derecho, partiendo del hecho de que la ley es aplicable a todas las personas, ricas y pobres”. (Ver periódico Listín Diario, del 5-3-11, página 5B).
Sucesos como ese, son varios ya los que han verificados en el país; y, se han manejado de forma tal, que luego se dejan caer en un limbo jurídico los procesos correspondientes. ¿Por qué? Las inquietudes sobran. Cuando no, tampoco ha habido ninguna decisión judicial convincente que haya trascendido hacia el seno de la sociedad; por lo que se percibe, que los actos cometidos han quedado impunes, sin castigo alguno. Las víctimas a sus tumbas, y sus victimarios libres como las aves, para que sigan sus desaprensivos vuelos acostumbrados.
Nadie es culpable de algo, hasta que no se le demuestra su culpabilidad. Pero, hay muchas situaciones en las que se puede hacer; y no se hace, aun existiendo evidencias a manos más que suficientes. Se debe tener presente la máxima que proclaman algunos connotados juristas, ¡la sangre nunca seca!; dando a entender, que las acciones criminales jamás perimen o caducan, aunque se marginen por un tiempo; y que, pueden ser objeto de castigo o venganza en cualquier momento.
Las historias que en ese sentido se han dado anteriormente, sobre jugadores de pelota nacionales, que han incurrido en actos similares, están ahí. En consecuencia, lo que procede hacer en este país es eficientizar la justicia; que los fiscales y jueces no se tornen tan flexibles; y que, los abogados en ejercicio no se conviertan en cómplices pagados de los criminales y delincuentes, sino que actúen como verdaderos auxiliares y colaboradores de la administración judicial, que debe ser su gran rol a desempeñar.
De lo contrario, lo que se continuará promoviendo aquí será, el que la gente trate de tomarse la justicia por sus manos. O que, en vez de contratar abogados para reclamarla, se busque la asistencia o concurso de sicarios, que ya tantos hay en esta nación, para que sean estos los que cobren deudas pendientes y resuelvan, en cuya agenda de ejecuciones podrían incluir a victimarios, jueces y abogados.
¡Mucho ojo, con las decisiones judiciales alegres; podrían resultar éstas muy peligrosas, en un futuro no muy lejano!