Autor: Quini Candela
Transcurrieron 28 meses desde el hecho hasta la sentencia del múltiple asesinato a manos de uniformados de siente colombianos relacionados con un tumbe, en el que a decir verdad, no aparecieron ni lo dólares ni tampoco la droga, sólo hubo cadáveres. Se llegó tal lejos –a juicio- porque los asesinos tuvieron el error de dar por muertos a los baleados, cuando uno en realidad estaba vivo.
Por ahí empezó el principio de la historia, aunque seguramente hubiera tenido otro desenlace, de no ser por la voluntad y tesonería del senador peledeísta Wilton Guerrero, de no dejar morir el caso, como pretendían no pocos, en Peravia y fuera de ella.
Al final del segundo acto –primera sentencia del juicio de fondo sobre la que caben recursos- hay condena para dieciséis de los veintidós sometidos a juicio, que el tribunal entiende con distintos grados de culpabilidad. Seis se quedaron libres porque los juzgadores entendieron que no existían pruebas concluyentes contra ellos. Ése es el dato que me interesa. Cuando se abrió el juicio preliminar, no llegaban a treinta los acusados, sobre los que teóricamente la Fiscalía tenía pruebas abrumadoras de los hechos delictivos que se les imputaban. Sin embargo una parte significativa fue descargada de de ir al juicio de fondo y en éste, seis fueron declarados no culpables. Casi el 50 por ciento de los implicados quedaron exonerados de culpa dos años después de ocurrida la matanza, sin que en todo ese tiempo, se haya tenido pistas del dinero como pago de transacción y tampoco de la cocaína en trasiego, 1.300 kilos.
Atendiendo a la frialdad de los números complementados con el relato objetivo de los hechos, no se puede afirmar que la Fiscalía como directora de la investigación y la DNCD y la PN como ejecutores de las directrices, hayan tenido mucho éxito en el desempeño de su labor, como defensores de la sociedad en este caso, que tanta repercusión mediática tuvo en su momento. Ni los millones de dólares, ni los cientos de kilos de cocaína aparecieron y de todos los detenidos y llevados a juicio, la mitad quedaron libres, exonerados de culpa. Si se añade al cóctel el escaso interés que el gobierno del PLD tuvo por conocer la verdad que apuntaba ya desde los albores a militares de alta graduación. Se entiende que sólo sobre seis de los inculpados haya recaído la pena máxima de 30 años. Es como si no hubiera existido interés en conseguir mayores condenas.
O, también es posible, que el modo de operar de la Fiscalía en casos de drogas, sea presentar a juicio al mayor número posible de acusados para simular que se hace un gran trabajo, incautar los bienes que seguramente alguno se pierde por el camino y luego tener la oportunidad de echarle la culpa de venalidad a los jueces, donde es posible que no haya existido más que desidia por parte de los investigadores.
Casi el cincuenta por ciento de los acusados inicialmente por los crímenes de Paya han sido exculpados en sede judicial, algunos de los cuales hubieron de pasar veintiocho meses, sin que hubiera pruebas concluyentes contra ellos. ¿No hubo temeridad en la acusación pública? Por si acaso, que la sentencia pase desapercibida, no vaya a ser que se pidan responsabilidades.
Adenda. Listín Diario (5 de diciembre de 2010) hizo una pregunta a sus lectores: ¿Cree usted que serán condenados los oficiales vinculados a alijo de droga en el AILA? La mayor parte de los lectores del medio son conservadores y por lo tanto votantes de Leonel Fernández. Pues bien, el 51 por ciento contestó que no. El resultado debería de hacer meditar a quienes están llevando al país por unos derroteros por lo que no quiere transitar.