AP
San Francisco
Cuando Rohan Coombs se enroló en la Infantería de Marina estadounidense, nunca se imaginó que un día terminaría preso en un centro de detención para inmigrantes, a la espera de su expulsión del país que juró defender.
Coombs, nativo de Jamaica de 43 años, inmigró a Estados Unidos en forma legal con su familia, cuando era niño. Prestó servicios militares a su país adoptivo durante seis años, en Japón, en Filipinas y luego en el Golfo Pérsico durante la primera guerra contra Irak.
Hasta 8,000 extranjeros ingresan cada año a las fuerzas armadas estadounidenses y prestan servicios junto a compañeros que son ciudadanos del país. En mayo del 2010, había 16,966 militares que no eran ciudadanos estadounidenses. Si mueren en combate, los extranjeros reciben la ciudadanía en forma póstuma y tienen un funeral militar.
Si sobreviven y se meten en problemas con la ley, como Coombs, pueden quedar atrapados en el laberinto que creó la ley de inmigración de 1996. Esta aumentó la lista de crímenes por los que un extranjero es pasible de deportación.
“En lo que a mí respecta, yo era ciudadano”, dijo Coombs, de físico imponente — mide 1,92 metros y pesa 117 kilos— pero personalidad introvertida y voz suave. Los defensores de militares sin ciudadanía intentan cambiar la situación.
Hay abogados que llevan sus casos a la corte, donde argumentan que un inmigrante que presta servicios en las fuerzas armadas debería ser considerado estadounidense y, por lo tanto, estar protegido de una posible expulsión.
“Esta gente nos prestó servicios, sean un modelo de seres humanos o no”, dijo el abogado de Coombs, Craig Shagin. “Prestaron servicios en nuestros uniformes, en nuestras guerras. Si fueran prisioneros de guerra, serían considerados prisioneros estadounidenses”.