Yaniris López
Bayahíbe, La Romana
A veces las cosas distan mucho del color con que las pintan. Al Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, la población le echa en cara constantemente dos actitudes que le parecen negativas con relación a los permisos ambientales: ser muy permisivo en los estudios o retrasar sin motivo las licencias.
Hasta hace unos años, sin embargo, al Ministerio parecía importarle poco la mala fama que ganaba. Entonces decidió abrirse al público (o el público lo llevó a hacerlo, casos hay) y dio a conocer la verdad sobre el proceso, la falta de compromiso de los proyectistas y de la población en cuanto a los temas medioambientales y las constantes violaciones a la ley 64-00, que regula estos procedimientos y determina los tipos de proyectos que deben ser evaluados.
La situación era tan grave, según el Ministerio, que los ingenieros incluían en el presupuesto de la obra el dinero de la multa, con tal de no seguir el proceso legal y de esta forma evitar que los proyectos fueran debidamente estudiados.
El pasado fin de semana le tocó el turno a la prensa.
El Ministerio ofreció un taller en La Romana dirigido a comunicadores en el que se trató la importancia de los estudios de impacto ambiental (EIA) como herramientas de gestión, el proceso de EIA en el país, los reglamentos y procedimientos de las autorizaciones ambientales y las herramientas tecnológicas de apoyo que implementan.
También hubo espacio para analizar el desarrollo del ecoturismo en el Parque Nacional del Este y su impacto ambiental. De ello se encargaron José Contreras, director del Programa de Protección Ambiental de la USAID que asesora a la caretera; Lina Berigu¨ete, geóloga y directora de Evaluación Ambiental del Ministerio; el analista Jerry Bauer y Robin Paniagua en el tema tecnológico.
Beneficios y consecuencias
Los proyectos ambientales deben evaluarse por diferentes motivos, indica José Contreras, entre ellos para mejorar los diseños, para eliminar riesgos ambientales, para garantizar equidad social y para evitar costos innecesarios en tiempo y dinero. No hacerlo trae como consecuencias la toma de una decisión inadecuada, la falta de compromiso de las partes involucradas (proyectistas, comunidad), perjuicios políticos, malas relaciones institucionales, pérdidas financieras y fracaso del proyecto.
Contreras también opina que la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental crea responsabilidad política, racionaliza las controversias, reduce las equivocaciones y la corrupción e incrementa la credibilidad institucional.
