USA utilizó a “agentes encubiertos”

Unos 30 oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos con capacidad para autorizar el uso de lanchas de la Marina de Guerra en la escolta y protección de aviones y lanchas que transportaban drogas hacia el país, tomaron parte activa en una estructura de apoyo al narcotráfico que ha sido parcialmente desmantelada, de acuerdo con investigaciones que de manera conjunta realizaron autoridades norteamericanas y dominicanas desde el 2007.

La Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, montaron inclusive una estratagema en la que se usó un avión militar norteamericano, camuflado, para transportar una carga ficticia de drogas de 500 kilogramos de cocaína, a fin de detectar los niveles de complicidad de esos oficiales con un grueso despacho de drogas desde Colombia.

Los investigadores de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF), compuesta por agentes de estas cuatro instituciones, determinaron que el ex teniente de navío Carlos Rossó Peña y el ex capitán de corbeta Miguel Suárez Silfa, junto a más de una veintena de oficiales cuyas identidades no se revelan, proveían barcos de la Marina de Guerra para escoltar lanchas pequeñas que traían drogas desde Colombia, y al mismo tiempo proporcionaban información de inteligencia, ultraconfidencial, a los narcos colombianos para indicarles cuándo traer o no las drogas al país.

Los norteamericanos penetraron uno de sus agentes encubiertos en el grupo y éste le entregó a Rossó Peña un teléfono satelital y un celular Blackberry legalmente equipado con un dispositivo de rastreo para monitorear la ubicación del ex oficial de la Marina, y el dominicano usó ambos aparatos para proteger los cargamentos de cocaína que enviaba al país una organización compuesta por Heriberto Almonte Reyes, dominicano, y por los colombianos Harvey Bermúdez Lasso y Gustavo Gallego Cordova.

Uno, identificado como Daniel A. González, era el que recibía y entregaba las drogas a nombre de Almonte Reyes. Otro personaje, una mujer llamada Amparo Balaguera Sarta era la agente de intercambio de dinero y despachante de los cargamentos de droga desde Colombia. Ella es socia directa de Bermúdez Lasso.

Expediente
La investigación, cuyos resultados están contenidos en el expediente que conoció el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para ordenar la extradición de Rossó Peña y Suárez Silfa a Puerto Rico, dice que en el 2007 y 2008 ambos “oficiales militares dominicanos utilizan su posición de influencia y acceso a inteligencia militar para ofrecer seguridad a los cargamentos de droga que entran y salen de la República Dominicana”.

Héctor Rodríguez, un piloto colombiano que residía en Dominicana, era socio directo de los dos ex oficiales dominicanos. Se le señala como “un experto en el lanzamiento de cargamentos de droga por aire”. Un hermano de Heriberto Almonte Reyes llamado Eduardo, residente en Colombia, negociaba los cargamentos con las organizaciones de narcotraficantes colombianos.

El informe indica que en octubre del 2007, de acuerdo con conversaciones legalmente interceptadas y grabadas, Bermúdez Lasso le presentó a Almonte Reyes a “un testigo confidencial” de la DEA y éste le informó que el dominicano “tenía grandes cantidades de dinero en Nueva York y en Puerto Rico procedentes del narcotráfico y necesitaba transferir dinero a Colombia, para que en el futuro le enviaran otros cargamentos de cocaína”.

Agentes encubiertos de la DEA recibieron un primer envío de dinero de Almonte Reyes por 62 mil dólares y lo transfirieron a Colombia, donde lo recibieron Amparo Balaguera Sarta y Gustavo Gallego Cordova. Ese dinero era un avance para cubrir parte de los costos del transporte de 1,500 kilogramos de cocaína por avión.

El agente encubierto ayudó a Almonte Reyes como intermediario.

Este último envió luego 40 mil dólares desde el país a varios destinatarios en Colombia.